En un escenario de crisis global se apela a los beneficios prácticos de compartir pero ¿no se trata acaso de una cuestión de derechos?
Todos los documentos científicos que se han escrito han sido escaneados, digitalizados o incluidos en estas colecciones. Se trata de un legado que nos ha dejado la historia de personas que han hecho un trabajo interesante, científicos. Y es un legado que debería pertenecernos a todos, como pueblo. Pero en vez de eso ha sido blindado y puesto en Internet por un puñado de empresas con ánimo de lucro que intentan sacar al máximo provecho posible.
Una de esas empresas que ha ido cerrando y monopolizando el conocimiento es JSTOR. Para acceder a sus contenidos (muchos de ellos financiados con fondos públicos) hay que pagar un alto precio lo que
le retribuye unas ganancias de unos 85 millones de dólares al año. Esto crea enormes desigualdades entre países ricos y Universidades con menos posibilidades de contratar el acceso a estos
papers, que es como se conoce coloquialmente a los artículos en revistas científicas.
En 2010 Aaron diseñó un software para descargar de forma automática todos los artículos científicos de este repositorio con una cuenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde estaba estudiando. Fue detenido, perseguido, intimidado y juzgado. Se enfrentaba a 35 años de cárcel y una multa millonaria. No pudo soportar la presión y se suicidó el 13 de enero de 2013. Swartz murió soñando un mundo en el que científicas e investigadores de cualquier parte del mundo pudieran acceder libremente al conocimiento. Que cualquier estudiante en el mundo no se viera limitado al querer inventar una vacuna por que su Universidad no tiene presupuesto para pagar el acceso a un artículo que contiene los datos que necesita.
Paradójicamente, la pandemia mundial por el Coronavirus obligó a JSTOR a admitir los beneficios del acceso libre al conocimiento que tanto había pregonado Aaron, ideales por los que se suicidó tras la persecución judicial de esa empresa. Desde finales de marzo, este repositorio digital
ofrece en abierto de forma temporal gran parte de los libros electrónicos, artículos y revistas académicas para favorecer la investigación. (Aunque tras la detención de Aaron en 2011, a muchos de ellos ya se puede acceder gracias a la programadora Alexandra Elbakyan y su plataforma
Sci-Hub que remueve los “muros de pago” sobre el conocimiento científico).
La Comisión Europea también
está ofreciendo en abierto varios estándares para el desarrollo de ciencia y tecnología que hasta ahora se protegían bajo un estricto copyright. Y Costa Rica está promoviendo ante la OMS un
“pool” de derechos que faciliten el acceso a patentes e investigaciones que posibiliten llegar a una vacuna para el COVID-19.
Makers de todo el mundo están usando impresoras 3D y planos libres para fabricar máscaras de protección o partes de respiradores. Muchas editoriales ofrecen también sus novelas y cuentos de forma abierta para que la gente pueda acceder a la cultura en tiempos de confinamiento. Y hay cantantes que brindan sus conciertos gratis desde casa ante miles de fans.
Esta situación de crisis sanitaria extrema a la que el mundo se está enfrentando deja en evidencia los perjuicios de la privatización del conocimiento y lo ridículo que resulta el sistema de propiedad intelectual en la era digital. Ante una situación de búsqueda conjunta de una respuesta al SARS-CoV-2, la apertura y la colaboración parece ser la única manera de llegar a un fin superior que el lucro: la cura del Covid.19 y la garantía del derecho a la salud. Flexibilizar y adaptar las barreras de la “propiedad intelectual”, que no sólo legisla sobre los derechos de autor sino también sobre el sistema de patentes, aumentaría los avances científicos, el acceso a la educación y la cultura.
Ojalá, al terminar este confinamiento obligado, hubiéramos entendido como sociedad la necesidad urgente de declarar el conocimiento un bien común de la humanidad y no una mercancía más con la especular y lucrar. Se lo debemos a Aaron Swartz.
Después, tendremos que sentarnos a debatir la ley de derechos de autor. Si ahora nos preocupa poco o nada su ausencia casi total de excepciones educativas, que sea por convicción en el derecho a la educación como un derecho humano, y no por pragmatismo.
