La Corte Constitucional del Ecuador ratifica la sentencia de la Corte Provincial y acoge la acción de protección interpuesta por el GAD de Cotacachi en noviembre del 2017, así la Corte Constitucional del Ecuador publicó una sentencia histórica, a favor del Bosque Protector Los Cedros, que tiene una gran repercusión sobre los Derechos de la Naturaleza, el derecho al agua, a un ambiente sano, y a ser consultados sobre decisiones que puedan impactar los ecosistemas y el sostenimiento de la vida, de esta forma la Corte Constitucional del Ecuador deja sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones mineras Río Magdalena 01 y 02.
La Corte también fue enfática en declarar que los derechos de la naturaleza, como todos los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa y no constituyen únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos.
Conclusiones y medidas de reparación relevantes:
• Aplicación de la consulta ambiental; ésta debe observar parámetros: Frente a la duda de una eventual afectación ambiental, el Estado debe consultar a la(s) comunidad(es) posiblemente afectada(s). La consulta es una obligación indelegable del Estado y debe ser efectuada en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de los gobiernos locales. Dentro de las actividades mineras, la consulta ambiental debe realizarse antes de “todas las fases de la actividad minera” en función del artículo 89 de la Ley de Minería,
• El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en coordinación con el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y los gobiernos autónomos descentralizados, en el plazo de 1 año a partir de la aprobación de esta sentencia deberá adecuar la normativa infralegal correspondiente a la emisión de registros ambientales y licencias ambientales y uso del agua para la realización de actividades extractivas a fin de evitar vulneraciones a derechos de la naturaleza.
Gracias a esta sentencia se marca un gran precedente que contribuye a la defensa efectiva de otras comunidades, territorios y ecosistemas amenazados o afectados por el extractivismo.
