El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por Sofía Almeida, aprobó el informe de investigación que establece la vulneración de derechos de participación por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Santa Ana de Cotacachi, de acuerdo con el siguiente detalle:
- El Concejo Municipal de Cotacachi vulneró el derecho al uso de la “Silla de la Democracia Viva”, impidiendo la actuación de la ciudadanía. El Alcalde Tituaña, designó al representante del Legislativo local, a fin de que forme parte del Consejo de Planificación, sin considerar a todos los representantes de las organizaciones sociales con sus respectivos alternos, designados por el Consejo de Participación Popular, tal y como lo establece la ordenanza del Sistema Participativo, vigente en aquel momento.
- El Concejo Municipal, resolvió el 30 de septiembre de 2019 promover una reforma a la ordenanza del “Sistema de Participación”. Sin embargo, con fecha 20 de septiembre de 2020 se promulgó una “Ordenanza Sustitutiva” que desconoce en forma y fondo las resoluciones adoptadas por el propio Concejo Municipal.
- La Ordenanza Sustitutiva que norma el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, es regresiva en derechos, puesto que disminuye de 11 a 3 el número de representantes ciudadanos que conforman el Concejo de Planificación, lo que violenta el principio constitucional de progresividad y no regresividad.
El CPCCS remitirá esta investigación a la Contraloría General del Estado, para que establezca la respectiva responsabilidad administrativa que podría conllevar a una sanción de orden económico, hasta la remoción del cargo. Además, la Ordenanza Sustitutiva promulgada, al ser regresiva en derechos, debe ser analizada por la Corte Constitucional para determinar su inconstitucionalidad parcial o total.
El CPCCS presenta al país la primera investigación que denuncia la vulneración de derechos de participación ciudadana en un GAD. Se continuarán investigando estos casos para que se respeten los mecanismos y derechos de participación de las y los ecuatorianos.
