Plan de Contingencia: éxito total de inscripciones contrasta con estado calamitoso de universidades

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38.500 Estudiantes beneficiados

38.500 estudiantes se acogieron al Plan de Contingencia del Consejo de Educación Superior (CES) para garantizar la continuidad de sus estudios con calidad.  El plazo de inscripción a través del sitio web del CES venció este domingo 13 de mayo. Así mismo, 2017 profesores se inscribieron en el Plan.

Quienes completaron el proceso sin problemas deberán emprender los trámites personales e individuales de convalidación de créditos en las universidades receptoras. Para esto, las universidades cerradas tienen la obligación de entregar toda la información requerida a cada estudiante. Deberán acercarse a su universidad para recibir su récord académico según el último dígito de su cédula.

Del universo total de inscritos, el 26% de estudiantes culminará sus estudios en el propio centro de estudios, 11% podrá continuar sus estudios en carreras vigentes y un 40% lo hará en carreras de titulación especial (diseñadas exclusivamente para quienes se acogen al Plan). Finalmente, el 22% de los estudiantes, que corresponden a los niveles iniciales, deberán acogerse al Sistema de Nivelación y Admisión, SNNA.

Durante el proceso se constató que muchas universidades entregaron información errada sobre sus estudiantes. Por ello, el CES conformó brigadas estudiantiles que se movilizaron a las distintas provincias para corregir los datos y ayudar a más de 22.380 personas en su proceso de registro. Al menos un 28% de los estudiantes ni siquiera fue reportado por su universidad; ellos fueron los más perjudicados en su proceso de postulación, no obstante de lo cual serán respaldados por el Plan con un tiempo adicional para completar su registro.

RENÉ RAMÍREZ: "ESTAS UNIVERSIDADES NO SE PREPARARON PARA PASAR LA EVALUACIÓN SINO PARA LLENAR SUS BOLSILLOS ANTES DEL CIERRE"

Los óptimos resultados de la fase de inscripción de estudiantes (38.500) y de profesores (2017) al Plan contrastan con el estado calamitoso en que los administradores temporales encontraron a la mayoría de estas universidades. Muchas de las cuales mantenían pendientes obligaciones tributarias, laborales o de seguridad social. En muchas de ellas existían vinculaciones familiares asociadas con cargos directivos y altísimos sueldos, así como en otras los mismos sueldos extralimitados en relación al resto de su personal, como los siguientes ejemplos:

·         Precarización laboral vs. sueldos dorados de autoridades: En la UCL, mientras trabajadores y profesores ganaban en promedio 646 USD mensuales, 5 personas concentraban el 37% de los salarios. (11.500 USD mensuales –una de sus autoridades-, según reporte del IESS, presentación adjunta).

·         Informalidad. De los 3.260 profesores/as y 959 trabajadores, solo el 41% contaba con contrato de trabajo y estaba afiliado al IESS.

·         “Negocio familiar”: muchas de estas universidades concentraban salarios y patrimonio en grupos familiares.

Las universidades suspendidas por mala calidad académica tenían un último plazo establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, a partir de octubre de 2010 para mejorar sus procesos académicos, infraestructura y temas administrativos, entre otros.  Sin embargo, "la mayoría de ellas se concentraron en  acciones mercantilistas u otras estrategias parar un cierre beneficioso para sus propietarios, es decir que no se prepararon para pasar la evaluación sino para salir bien libradas del cierre", dijo René Ramírez, presidente del CES.

DENUNCIA PENAL POR MATRICULAS PROHIBIDAS COMPROMETERÍAN 8,5 MILLONES DE USD

De la misma forma, y pese a la prohibición expresa en la LOES para matricular nuevos alumnos en estos centros de estudios, muchas de las instituciones continuaron cobrando tasas de matrículas y otros valores, infringieron así la ley.

Las universidades y escuelas politécnicas suspendidas informaron que matricularon un total de 8.999 estudiantes después de la LOES, de los cuales 6.056 tienen menos de 50 créditos aprobados (es decir, pertenecían a los niveles iniciales). Por lo cual, se presume que recaudaron de forma ilegal al menos 8,5 millones  de dólares en el año 2011.

De allí que como un compromiso con los y las estudiantes, los miembros del CES presentaron en días pasados la denuncia penal sobre estos hechos ante la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones a fin de determinar la existencia de delito y responsabilidad penal.

MEDIDAS CAUTELARES SE MANTIENEN

Esto se suma a las medidas cautelares que también el Consejo obtuvo a favor de los estudiantes a inicios de abril de 2012, con el fin de salvaguardar el patrimonio de esas instituciones prohibiendo su enajenación, el cobro por entrega de documentación académica y otras acciones que pudieran perjudicar a  estudiantes, profesores y trabajadores.

"El Estado sigue liderando el proyecto más ambicioso de revolución académica de las últimas décadas, depurando las condiciones que promovieron una mala calidad de la educación superior. Corrigiendo la desregulación del pasado para construir las bases de la universidad del futuro", recordó el Econ. René Ramírez.