El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, emprende acciones para la regulación y construcción de cerramiento de predios urbanos en el cantón.
Una de las acciones tomadas para lograr ese fin, es la aprobación de la Ordenanza de Regulación y Construcción de Cerramientos, por el Concejo Municipal en sesión del 22 de julio de este año, con base a lo dispuesto en el artículo 322, inciso cuarto (4) del Código de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización COTAD.
La Ordenanza busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, contribuir con la seguridad ciudadana, cuidar la imagen y el ornato de la ciudad, controlar el establecimiento de focos infecciosos y proliferación de plagas en predios abandonados.
Ibarra es un cantón con un área de 4.170,45 hectáreas de parroquias urbana y 1.198,09 hectáreas de centros urbanos parroquias rurales, dando un total de 5.368,54 hectáreas.
Técnicamente se ha dividido al uso del suelo urbano en tres categorías: a) edificado, b) no edificado y c) por construir.
Frente a este escenario, el GADI consideró necesario desarrollar el eje estratégico denominado “Ibarra ordenada, avanza”, donde se forjará como objetivo general: “organizar el territorio cantonal con soluciones para las deficiencias del ordenamiento”, para lo cual específicamente se planificará y ejercerá control sobre la ocupación del suelo, para mejorar la calidad de vida de la población”, como la describe el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 1.
Ausencia de cerramientos
Los terrenos baldíos en desuso resultan un foco de posibles enfermedades y otorgan un aspecto desfavorable para el desarrollo de la ciudad. La ausencia de cerramientos genera la proliferación de plagas, las cuales pueden demandar en el futuro, procesos de desratización y similares.
Además la presencia de dichas plagas puede generar transmisión de enfermedades para los habitantes del cantón, puesto que a pesar de los diversos ambientes de vida de estas especies.
Esta Ordenanza regirá bajo los principios de eficiencia, eficacia, bien común, proporcionalidad, adecuada intervención punitiva, así como progresividad, legalidad y aplicación de sanciones.
Este cuerpo legal se aplicará tanto en el área urbana consolidada de la cabecera cantonal y de los núcleos urbanos consolidados de las parroquias rurales.
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