Estudio es socializado y validado* Con el apoyo de la Unión Europea, el Gobierno Provincial de Imbabura ejecuta acciones que favorecen a las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de refugio, víctimas y sobrevivientes de trata o tráfico de personas. Cuenta con la colaboración del ACNUR y la Fundación Esperanza, en calidad de socia.
La Consultoría del Levantamiento de la Línea Base del Proyecto “Mejor Acceso a los Derechos de Personas en Contextos de Movilidad Humana” presentó ante la Mesa de Movilidad Humana de Imbabura, integrada por instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y sociedad civil, el informe del estudio realizado.
La finalidad fue dar paso a la socialización y validación del documento que servirá para construir el Plan Regional de Movilidad Humana para las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbios. La acción comenzó en Imbabura y se extenderá al resto de provincias. Sara Oviedo, acompañada de un equipo técnico, fue la encargada de realizar este trabajo.
La línea base es una herramienta que permite identificar la situación actual de las instituciones, organizaciones, sociedad civil y comunidad en materia de prevención y restitución de derechos. Esto servirá para el desarrollo de acciones que permitan una atención adecuada a las personas que por diferentes circunstancias se encuentran en situación de movilidad.
INTERVENCIÓN
El Gobierno Provincial de Imbabura, dirigido por el Prefecto Diego García, desarrolla el proyecto, con el apoyo financiero de la Unión Europea. La Fundación Esperanza actúa en calidad de socia y colabora el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se ejecuta en la zona de frontera en donde se acentúa la problemática. La Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Norte del Ecuador que se mantiene desde hace aproximadamente 4 años permite la intervención.
Entró en marcha el mes de septiembre del 2012 y tiene una duración de 2 años. Su objetivo es realizar una acción dirigida a potencializar las capacidades de las instituciones que trabajan en temas de movilidad humana, fortaleciendo la articulación de los actores de redes de protección de derechos, aportando en la construcción de herramientas para mejorar la capacidad de respuesta y haciendo óptima la calidad de atención.
En el territorio fronterizo, el proyecto actúa de manera integral, partiendo desde el fortalecimiento institucional, para así poder atender de manera efectiva a las personas, aumentando su acceso a los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.
Los beneficiarios son las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de refugio, víctimas y sobrevivientes de trata o tráfico de personas. De manera transversal, el proyecto pone en práctica acciones que contribuyen a la educación, formación y sensibilización en materia de derechos humanos para la ciudadanía activa y la cultura democrática, apoyando y fortaleciendo las actividades de redes y actores locales y que aportan en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho.
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