Despidos en Ecuador,preocupan

COMUNICACION INTEGRAL Y CIUDADANIA

Gobierno no podía comprar renuncias mientras no se resuelva la demanda de inconstitucionalidad

Categoría: Politica, Principal

El decreto sobre la compra obligatorias de renuncias fue impugnado ante la Corte Constitucional, por ello unos 3 mil trabajadores despedidos del sector público preparan movilizaciones.

El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, indicó que el pasado viernes más de 3.029 trabajadores fueron despedidos y para este lunes el Gobierno aspira a despedir a 5 mil personas más.

Según explicó el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa,  unos 700 empleados públicos serán desvinculados mediante el decreto de compra de renuncias obligatorias, los cuales se suman a un total de 2 000 servidores públicos que fueron desvinculados el viernes 28 de octubre pasado.

Espinosa confirmó también que hasta finales de año saldrán 1 100 personas más, en su mayoría por jubilación, y se llegará a un total de 4 700 servidores públicos separados de sus cargos solo en el 2011.

La noticia de su “despido” tomó por sorpresa a los trabajadores, pues víspera del largo feriado de finados no se esperaban que el Gobierno resuelva aplicar el Decreto Ejecutivo 813 que trata sobre la compra de renuncias obligatorias, y que a decir del presidente de Miguel García es ilegal, pues está impugnado ante la Corte Constitucional, y en consecuencia debía esperarse una resolución del organismo.

“Se están yendo por encima de esta instancia jurídica y se este se aplicando a raja tabla un norma que está siendo impugnada y que a todas luces es ilegal”.

García explica que en el documento 673 del 4 de octubre del 2010, el secretario general de la Asamblea Nacional, le notifica al Presidente Rafael Correa que respecto a la objeción parcial del Ejecutivo en la Ley Orgánica de Servicio Público se ratifica el texto original aprobado por el Legislativo, es decir, no se aceptan las objeciones presentadas al artículo 47 donde se plantea la compra de renuncias obligatorias.

Por ello, el Primer Mandatario, luego de que la Ley entró en vigor, emitió Decreto Ejecutivo 813, el cual fue impugnado ante la Corte Constitucional, y que según García no se podía aplicar según lo habría reconocido el mismo Presidente Rafael Correa durante su enlace sabatino 233, en el minuto 11, admitiendo además que “tendrán que esperar a que la Corte determine quien tiene la razón”.

El representante de los trabajadores además acusó al Gobierno de mentir no sólo con la aplicación del decreto, sino también respecto a la categorización de los empleados despedidos, al tratar de impulsar la idea de que a quienes han salido son los “indolentes y malos trabajadores”.

“Eso es mentira”, afirmó, pues aclaró que para eso la norma establece con claridad procedimientos administrativos establecidos en el artículo 48 con 27 causales, o en el caso de quienes no superen las evaluaciones con más del 70/100, está el artículo 80. Asimismo en el caso de exceso de trabajadores está claramente establecido el artículo 60 para la supresión de partidas y finalmente para quienes hayan cumplido la edad para el desempeño de sus funciones, el artículo 81, enfatizó.

“Por ello, no se entiende de que se quiera separar a estos funcionarios sin ninguna razón legal y lógica”, dijo tras asegurar que son respetuosos de la Ley y que se acatará lo que resuelva la Corte Constitucional, aún a pesar de que a su criterio, “hay una correlación de fuerzas en el organismo que no les es favorable”.

García indicó también que el Gobierno ha presupuestado para éste año recursos para indemnizar laboralmente a cerca de 5 mil personas, y que los trabajadores estarán atentos a ver cuanto se asigna en el presupuesto del próximo año.

Por su parte, los trabajadores “despedidos” anunciaron movilizaciones y plantones en distintas ciudades del país, para exigir al Gobierno que revea la medida. Además plantearán recursos de amparo ante las cortes locales.

Las renuncias obligatorias fueron en el Ministerio de Salud Pública, el sistema de Rehabilitación Social, Banco Nacional de Fomento, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y el Consejo Nacional de Aviación Civil.

En tanto que la asambleísta Lourdes Tiban (Pachakutik), convocó para ésta tarde a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, a fin de analizar la situación de lo que ella considera son “despidos intempestivos”.