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| 38.500 Estudiantes beneficiados |
38.500 estudiantes se acogieron al
Plan de Contingencia del Consejo de Educación
Superior (CES) para garantizar la continuidad de sus estudios con calidad. El plazo de inscripción a través
del sitio web del CES venció
este domingo 13 de mayo. Así
mismo, 2017 profesores se inscribieron en el Plan.
Quienes completaron el proceso sin
problemas deberán emprender los trámites
personales e individuales de convalidación
de créditos en las universidades receptoras. Para esto, las
universidades cerradas tienen la obligación
de entregar toda la información
requerida a cada estudiante. Deberán
acercarse a su universidad para recibir su récord
académico según
el último dígito
de su cédula.
Del universo total de inscritos, el
26% de estudiantes culminará
sus estudios en el propio centro de estudios, 11% podrá continuar sus estudios en carreras vigentes y un 40% lo
hará en carreras de titulación
especial (diseñadas exclusivamente para quienes se acogen al Plan).
Finalmente, el 22% de los estudiantes, que corresponden a los niveles iniciales,
deberán acogerse al Sistema de Nivelación y Admisión,
SNNA.
Durante el proceso se constató que muchas universidades entregaron información errada sobre sus estudiantes. Por ello, el CES conformó brigadas estudiantiles que se movilizaron a las distintas
provincias para corregir los datos y ayudar a más
de 22.380 personas en su proceso de registro. Al menos un 28% de los
estudiantes ni siquiera fue reportado por su universidad; ellos fueron los más perjudicados en su proceso de postulación, no obstante de lo cual serán
respaldados por el Plan con un tiempo adicional para completar su registro.
RENÉ RAMÍREZ:
"ESTAS UNIVERSIDADES NO SE PREPARARON PARA PASAR LA EVALUACIÓN SINO PARA LLENAR SUS BOLSILLOS
ANTES DEL CIERRE"
Los óptimos
resultados de la fase de inscripción
de estudiantes (38.500) y de profesores (2017) al Plan contrastan con el estado
calamitoso en que los administradores temporales encontraron a la mayoría de estas universidades. Muchas de las cuales mantenían pendientes obligaciones tributarias, laborales o de
seguridad social. En muchas de ellas existían
vinculaciones familiares asociadas con cargos directivos y altísimos sueldos, así
como en otras los mismos sueldos extralimitados en relación al resto de su personal, como los siguientes ejemplos:
·
Precarización
laboral vs. sueldos dorados de
autoridades: En la UCL, mientras trabajadores y
profesores ganaban en promedio 646 USD mensuales, 5 personas concentraban el
37% de los salarios. (11.500 USD mensuales –una
de sus autoridades-, según
reporte del IESS, presentación
adjunta).
·
Informalidad.
De los 3.260 profesores/as y 959 trabajadores, solo el 41% contaba con contrato
de trabajo y estaba afiliado al IESS.
·
“Negocio
familiar”: muchas de estas universidades concentraban salarios y
patrimonio en grupos familiares.
Las universidades suspendidas por mala calidad académica tenían
un último plazo establecido por la Ley Orgánica de Educación
Superior, LOES, a partir de octubre de 2010 para mejorar sus procesos académicos, infraestructura y temas administrativos, entre
otros. Sin embargo, "la mayoría de ellas se concentraron en acciones mercantilistas u otras estrategias
parar un cierre beneficioso para sus propietarios,
es decir que no se prepararon para pasar la evaluación sino para salir bien libradas
del cierre", dijo René
Ramírez, presidente del CES.
DENUNCIA
PENAL POR MATRICULAS PROHIBIDAS COMPROMETERÍAN 8,5
MILLONES DE USD
De la misma forma, y pese a la prohibición expresa en la LOES para matricular nuevos alumnos en
estos centros de estudios, muchas de las instituciones continuaron cobrando
tasas de matrículas y otros valores, infringieron así la ley.
Las universidades y escuelas politécnicas suspendidas informaron que matricularon un total de
8.999 estudiantes después
de la LOES, de los cuales 6.056 tienen menos de 50 créditos aprobados (es decir, pertenecían a los niveles iniciales). Por lo cual, se presume que recaudaron de forma ilegal al menos 8,5
millones de dólares en el año 2011.
De allí
que como un compromiso con los y las estudiantes, los miembros del CES
presentaron en días pasados la denuncia penal sobre estos hechos ante la
Fiscalía General del Estado. La Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones a fin de determinar
la existencia de delito y responsabilidad penal.
MEDIDAS
CAUTELARES SE MANTIENEN
Esto se suma a las medidas cautelares que también el Consejo obtuvo a favor de los estudiantes a inicios de
abril de 2012, con el fin de salvaguardar el patrimonio de esas instituciones
prohibiendo su enajenación,
el cobro por entrega de documentación
académica y otras acciones que pudieran perjudicar a estudiantes, profesores y trabajadores.
"El Estado sigue liderando el proyecto más ambicioso de revolución
académica de las últimas
décadas, depurando las condiciones que promovieron una mala
calidad de la educación superior.
Corrigiendo la desregulación
del pasado para construir las bases de la universidad del futuro", recordó el Econ. René
Ramírez.
