IBARRA.- Pablo Jurado es el prefecto de Imbabura. Fue reelecto para un nuevo periodo de gestión, el pasado 24 de marzo del 2019. Una de sus grandes fortalezas durante su administración, sin duda, es la importancia que le da a la participación ciudadana en la toma de decisiones en bien del desarrollo. Él es un convencido de que la tarea de gobernar debe ser compartida entre las autoridades y la ciudadanía.
Como muestra de este accionar, en el ejercicio de sus funciones dio especial atención al Presupuesto Participativo, considerado como un mecanismo que permite la distribución equitativa de los recursos públicos. Si bien esta fórmula está contemplada en la Constitución de la República, no es menos cierto que para que esto se aplique se requiere una alta dosis de voluntad política y eso es justamente lo que se refleja en este territorio.
El Presupuesto Participativo, en los últimos años, se ha convertido en una alternativa de trabajo conjunto entre los organismos autónomos descentralizados, involucrando además a la población imbabureña. Este sistema ha hecho posible que se ejecuten obras y proyectos de manera participativa en las 36 parroquias rurales, gracias a lo cual se ha conseguido que se concreten viejas aspiraciones, que tienen que ver, sobre todo, con una mejor calidad de vida.
La Prefectura, en estos últimos días, realizó un recalculo del monto destinado a la distribución del Presupuesto Participativo, correspondiente al 2020. Esto permitió un reajuste, dando lugar a un mayor monto de recursos para llegar a las parroquias. En total, con el recalculo, este presupuesto se nutrió, llegando a la cifra de 2´300.000 dólares.
La Subdirección de Participación Ciudadana, bajo las directrices del Prefecto, dio marcha a reuniones en los gobiernos parroquiales a fin de acordar con las autoridades la nueva distribución económica y la planificación técnica para encaminar las inversiones. A través de visitas, los funcionarios ponen al tanto de esta decisión y se firman actas para encaminar las acciones en cada una de las jurisdicciones locales.
Este modelo de trabajo es una respuesta a la crisis económica que enfrenta el país actualmente, agudizada por la pandemia de la Covid-19. Está en marcha una labor en la que las instituciones públicas, privadas y comunidades convergen en un entendimiento para seguir adelante con los planes trazados, buscando el bienestar y progreso.
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