· La Prefectura de Imbabura fue sede de este encuentro de autoridades provinciales en el que se analizó el Proyecto de Ley planteado por un sector de la CONAGOPARE. Aquí se rechazó la propuesta a la que se sumaron autoridades de los municipios, parroquias, dirigentes de obreros y empleados. Una delegación de Imbabura, encabezada por el prefecto Pablo Jurado, anunció su presencia en la marcha de protesta, el próximo 17 de octubre, en la ciudad de Quito.
IBARRA.- La asamblea regional de prefectos, representando a las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, resolvió rechazar el Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador y ratificaron su presencia en la marcha nacional por la unidad de las provincias, con el respaldo de los gobiernos municipales, parroquiales, organizaciones de trabajadores y líderes de la sociedad, el próximo martes 17 de octubre, en la ciudad de Quito, siendo la concentración masiva en el Parque El Arbolito.
Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y prefecto de Pichincha, aseveró que se trata de una lucha por la defensa de la institucionalidad del país y la Constitución de la República. “Aquí estamos reunidos todos, sin distinción de partidos políticos ni ideologías, pues se trata de mantenernos unidos férreamente para evitar que una propuesta descabellada, inconstitucional y política pueda ser aprobada”.
Baroja argumentó que el proyecto de reforma rompe la estructura administrativa de las provincias, produciendo la división entre lo urbano y rural, transformando en territorios de primera y segunda categoría, afectando directamente a los ciudadanos que tienen el derecho de elegir y ser elegidos. “Se les quitaría a los habitantes de la parte urbana el derecho de elegir a las autoridades provinciales”.
Hay una afectación directa, dijo el titular del CONGOPE, señalando otros aspectos negativos que dejan a un lado la institucionalidad del Estado. Citó por ejemplo que, de aprobarse esta reforma, los alcaldes ya no podrían conformar el cuerpo legislativo de los consejos provinciales; la sede administrativa sería traslada al sector rural; y peor aún se alteraría el campo de acción de las competencias, considerando que hay temas que son manejados con el carácter provincial, cubriendo la parte urbana y rural, como la gestión ambiental, riego y producción.
“Cierto es que en lo urbano existe mayor cobertura de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad, pero hay que tomar en cuenta que esas no son competencias exclusivas de las prefecturas. Ese es un trabajo de las municipalidades. Hay que tomar en cuenta que los presupuestos económicos también serían afectados, al existir una nueva estructura del territorio. Estamos conscientes que hay que poner empeño en fortalecer la labor en la ruralidad, para lo cual proponemos una minga entre el gobierno, las prefecturas, municipalidades y gobiernos parroquiales”.
Guillermo Herrera, prefecto del Carchi; Linder Altafuya, viceprefecto de Esmeraldas; representantes de gobiernos parroquiales, obreros y empleados se unieron al rechazo de este proyecto coincidiendo en calificarlo como improcedente por los aspectos analizados. Al final se ratificó la decisión de estar presentes en cada uno de los espacios en donde se pueda manifestar el rechazo a este planteamiento, surgido por un sector del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAGOPARE.
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