Prefectos del país exigen pago
Los representantes de los organismos piden celeridad en la trasferencia de recursos, tomando en cuenta que los retrasos afectan la inversión en obras requeridas por las poblaciones. En el caso de Imbabura, la deuda hasta el momento es de 5´153.508 dólares.
IBARRA.- Los prefectos que son parte del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, en representación de sus provincias, resolvieron dar curso a la ampliación del plazo del convenio Fingad, establecido por el Gobierno Nacional para transferir montos económicos adeudados a las provincias, a través del Banco de Desarrollo, gestionar una reunión con el Ministro de Finanzas, SRI, Banco de Desarrollo y con el Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, a fin de encontrar respuesta a la petición de que se cancelen los rubros pendientes.
A estas conclusiones se arribaron luego de la realización de la asamblea extraordinaria, realizada en la ciudad de Quito, este miércoles, 9 de enero, en la que estuvieron presentes además, funcionarios del Estado. En rueda de prensa, las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales expresaron su preocupación por la demora en la transferencia de los recursos que por ley les corresponde a los GAD, especialmente en materia de la Devolución del IVA y por la competencia de riego y drenaje.
Según expresiones de los prefectos, pese a los acuerdos firmados, en enero del 2017 y agosto del 2018, para agilitar los procesos de la entrega de los fondos, esto, en la práctica no se ha cumplido, dando lugar incluso al crecimiento de la deuda por los múltiples retrasos, con lo cual se perjudica a los habitantes de cada territorio, considerando que se limita la inversión pública, generándose necesidades y desatención.
“Seguimos sin recibir respuesta ante un planteamiento de las entidades del CONGOPE que se ha hecho al Gobierno para que se defina el pago cero del IVA, con lo cual se evitará que crezca la deuda por concepto de devolución del IVA, conforme ocurre actualmente. Hemos pedido también a la Asamblea Nacional un pronunciamiento favorable sobre este tema, sin que hasta el momento se tenga ningún pronunciamiento, lo cual nos preocupa”, dijo Rafael Dávila, presidente encargado del CONGOPE.
Otra de las inquietudes expresadas por los prefectos en esta reunión fue el incremento de gastos que soportan dentro de sus presupuestos, debido al valor del diésel industrial. Los GAD deben comprar este combustible dentro de la categoría industrial, una vez superada la cantidad de 2.000 galones que sí alcanzan un subsidio, sin tomar en cuenta que su accionar se concentra en prestar servicio público.
“Imbabura, por ejemplo, utiliza para su trabajo 10.000 galones mensuales en promedio, por lo tanto 8.000 deben ser adquiridos a costo industrial, significando un incremento anual de 1.200.000 dólares en su liquidez. Si esto ocurre, necesitamos una compensación para poder invertir esos recursos en las obras que requieren nuestras comunidades”, señaló el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado.
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