miércoles, 5 de septiembre de 2012

Promueven los Derechos Humanos y la Movilidad Humana con proyecto impulsado por el GPI


Asistencia y protección a las personas en contexto de movilidad humana
GARANTIZAR EL ACCESO A ESTOS  DERECHOS  ES  UNA PREOCUPACIÓN EN IMBABURA


Delphine Marié, a nombre de la Unión Europea y Diego Garcia Pozo prefecto de Imbabura firman el convenio para la ejecución del proyecto “Mejor Acceso a los Derechos de Personas con Contextos de Movilidad Humana en la Zona Norte del Ecuador”.
·         El Gobierno Provincial de Imbabura, el ACNUR  y la Fundación Esperanza con el apoyo de la Unión Europea pusieron en marcha  un proyecto dirigido a atacar una problemática que afecta la promoción de los derechos humanos en la zona norte.


Según revelaciones de la Cancillería Ecuatoriana, la trata de personas, a nivel internacional,  moviliza cada año alrededor de 35.000 millones de dólares y afecta a cerca de 2’500.000 personas que en diferentes circunstancias caen en las redes de los tratantes.

Pero no sólo éste delito es causa de movilidad humana. A ello se suma la migración, siendo Ecuador uno de los países que más refugiados registra en América Latina. De 55.092 personas registradas como refugiadas, la mitad reside en las provincias de la frontera norte: Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos.

Esta preocupante realidad hizo que el Gobierno Provincial de Imbabura emprenda acciones humanitarias para apoyar iniciativas a favor de quienes sufren las consecuencias de estos problemas. Desde el año 2010, bajo la iniciativa del Prefecto Diego García Pozo, la entidad es parte de La Red Binacional Colombo Ecuatoriano de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Trata de Personas.

Se trata de un espacio que tiene la responsabilidad de la constante promoción, protección, difusión y garantía de derechos para prevenir la trata de personas, especialmente, de quienes están en situación y contexto de movilidad humana y cuando se detecte el cometimiento de este delito, reparar y restituir los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes, haciendo énfasis en la judicialización de casos, la sanción a los / as tratantes y  la atención integral junto con la asistencia humanitaria.

PROYECTO EN MARCHA

En éste contexto y cómo una forma de seguir avanzando en esta tarea, el organismo provincial puso en marcha el Proyecto denominado “Mejor Acceso a los Derechos de Personas con Contextos de Movilidad Humana en la Zona Norte del Ecuador”. Para ello cuenta con el apoyo de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  - ACNUR- y la Fundación Esperanza.

Un monto económico de 299.160 euros sirve  para poner en práctica  varias iniciativas en el marco del proyecto. De ésta cifra, la Unión Europea facilita en calidad de donación 239.328 y hay una contraparte de 59.832 que lo pone a la orden el Gobierno Provincial.

Durante 24 meses, tal como ésta establecido el plazo de ejecución, la zona norte del Ecuador se beneficiará de una tarea integral que implica en uno de sus ejes el fortalecimiento institucional para así poder atender de manera efectiva a las personas en estado de movilidad humana. El objetivo general es aumentar el acceso de éstas a los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.

Disminuir las debilidades institucionales y promover la articulación de los actores de las redes de protección de derechos de la zona norte para la prevención, atención y restitución de derechos de las víctimas de violencia en contextos de movilidad humana: instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales  es otro de los objetivos trazados.

Los beneficiarios finales son las personas en contextos de movilidad humana, migrantes, refugiadas o solicitantes de refugio, víctimas y sobrevivientes de trata o tráfico de personas. En general y de manera transversal se pondrá en práctica acciones que contribuyan a la educación, formación y sensibilización en materia de derechos humanos para la ciudadanía activa y la cultura democrática, apoyando y fortaleciendo las actividades de redes y actores locales y que aporten en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del estado de derecho.

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