Este proceso inició, hoy, con la socialización y realización de mesas de trabajo entre actores del sector público: Gobernación de Imbabura, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Consejo de la Judicatura, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Secretaría Técnica de Drogas y Centro de atención a la mujer y a la familia.
“Tenemos un diagnóstico situacional de cada distrito que nos permitirá establecer acuerdos, lineamientos y alianzas con los actores involucrados para abordar las problemáticas psicosociales y mejor aún prevenirlas”, dijo Luis Paredes, Coordinador de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito 10D01.
El trabajo en conjunto cumplirá con cinco ejes principales relacionados con la Coordinación Interinstitucional: Protocolos de Acción Interno y Externo; Capacitación y Socialización; Dimensión Territorial; y Comunicación. Todo con el fin de velar por la seguridad, el cumplimiento de los derechos y la prevención de problemáticas psicosociales.
Mabel Tadeo, Coordinadora DECE del Distrito 10D02, manifestó: “los primeros resultados esperan visualizarse al finalizar el año lectivo, con ellos evaluaremos la efectividad de las estrategias y acciones ejecutadas en todas las instituciones educativas”.
El Ministerio de Educación tiene una política de cero tolerancia frente a la violencia y abuso en los espacios educativos, por lo que se trabaja con acciones que fortalezcan la corresponsabilidad y la participación activa de los diferentes actores de la comunidad educativa; así como el establecimiento de estrategias de prevención e intervención enfocadas en las realidades locales.
Por su parte Lorena Mora, jefa política de Otavalo, indicó que “es gratificante saber que las instituciones están comprometidas en la aplicación de políticas de protección de derechos que garantizan el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”.
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